Al inicio del sexenio, el entonces secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, se comprometió a reducir en 50% las tasas de homicidio doloso en los primeros tres años de gobierno. Por su parte, el presidente López Obrador aseguró que su estrategia de seguridad se enfocaría en combatir las causas estructurales de la violencia, a través de la implementación de programas sociales universales que desincentivarían a los más jóvenes de participar en actividades delictivas. Anunció, en consecuencia, el fin del combate directo al crimen organizado y de la llamada “guerra contra el narco”.
No obstante, la realidad ha superado la retórica. Las tasas de homicidio doloso se han mantenido prácticamente constantes en la primera mitad del sexenio, en cerca de 27 víctimas por cada 100 mil habitantes, lo que es equivalente a aproximadamente 100 homicidios por día. Y han aumentado los enfrentamientos violentos entre grupos del crimen organizado, que se disputan el control de los mercados ilícitos que operan en el país, sobre todo de las rutas de trasiego de drogas hacia Estados Unidos.
Entre enero de 2019 y julio de 2021, Integralia contabilizó 378 masacres, en las que han muerto cerca de 2 mil civiles; la mayoría se han concentrado en los estados del centro del país, incluyendo Guanajuato, Jalisco, Michoacán y Zacatecas. Esta entidad ha entrado en un espiral de violencia: en lo que va de 2021, ha registrado una tasa de 61.45 víctimas por cada 100 mil habitantes, la más alta del país.
Además, ha aumentado la injerencia del crimen organizado en las elecciones y las estructuras gubernamentales, sobre todo municipales. En el proceso electoral 2020-2021, Integralia contabilizó 239 incidentes de violencia política, que dejaron 179 víctimas mortales, de las cuales 36 eran aspirantes o candidatos a cargos de elección popular.
Se reportó también el presunto uso de tácticas intimidatorias para condicionar el voto por candidatos afines a organizaciones criminales en varios estados de la República, notoriamente Michoacán, Sinaloa y San Luis Potosí. En consecuencia, la injerencia política del crimen organizado es uno de los riesgos más apremiantes para la democracia mexicana y los mecanismos institucionales vigentes parecen insuficientes para enfrentarlo.
