Antes de iniciar su sexenio, el presidente López Obrador anunció que no haría reformas constitucionales durante sus primeros tres años de gobierno. En particular, aseguró que no cambiaría el marco legal del sector energético, del cual haría una evaluación sobre su funcionamiento y, de ser necesario, sería hasta su tercer año de gobierno cuando propondría cambios legales.
Sin embargo, en la práctica, los cambios regulatorios y administrativos no tardaron en presentarse, deteniendo el desarrollo del sector al cancelar las subastas de largo plazo y las rondas petroleras en una primera instancia. Después, la Comisión Reguladora de Energía (CRE) disminuyó significativamente la aprobación de permisos a grado tal que, para el caso de generación de energía eléctrica, no se ha otorgado ni un solo permiso para la iniciativa privada en un año.
Después, la Secretaría de Energía estableció la Política de Confiabilidad que buscaba cambiar el acceso a las redes de transmisión y distribución, así como el criterio de despacho económico. Sin embargo, la Suprema Corte invalidó buena parte de estos criterios. Luego, en febrero y marzo de 2021, se aprobaron reformas a las principales leyes del sector energético: la Ley de la Industria Eléctrica y la Ley de Hidrocarburos. Ambas, hasta el momento, se encuentran suspendidas por el Poder Judicial.
Entonces, el último paso para cambiar de fondo el marco legal vigente es la iniciativa de reforma constitucional en materia energética que el Ejecutivo envió a la Cámara de Diputados el pasado 30 de septiembre, cuyo contenido ya es ampliamente conocido, y que actualmente está pendiente de discusión en el Poder Legislativo.
Esta iniciativa engloba todos los cambios que esta administración había buscado implementar en el sector energético, por medio de leyes, políticas, acuerdos y modificaciones regulatorias, durante la primera mitad del sexenio.
